El divorcio es una causa legal de disolución del matrimonio regulada por el Código Civil español. Aunque muchas personas creen que es necesario que ambos cónyuges estén de acuerdo para divorciarse, la realidad jurídica es distinta. En este artículo explicamos si es posible oponerse a un divorcio, qué consecuencias tiene negarse a firmar y cuáles son las vías legales disponibles para cada parte.
¿Quien puede solicitar un divorcio?
El divorcio lo pueden solicitar ambos cónyuges de mutuo acuerdo, pero también puede pedirlo uno solo de los cónyuges, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias y condiciones:
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Haber transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio, no siendo necesario este requisito “cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.”
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Acompañar una propuesta de convenio regulador conforme a lo dispuesto en el artículo 90 del Código Civil.
¿Se puede impedir un divorcio si no se desea?
No. En España, el divorcio es un derecho individual y unilateral. Basta con que uno de los cónyuges lo solicite para que el procedimiento pueda iniciarse y concluir con la disolución del matrimonio, incluso si la otra parte no está de acuerdo.
Desde la reforma del Código Civil en 2005, no es necesario alegar causa alguna ni demostrar culpabilidad. El simple deseo de uno de los cónyuges de poner fin al vínculo matrimonial es suficiente para obtener el divorcio, ya sea por la vía de mutuo acuerdo o de forma contenciosa.
Vías legales para solicitar el divorcio
Existen dos procedimientos judiciales posibles:
1. Divorcio de mutuo acuerdo
Ambos cónyuges presentan una demanda conjunta acompañada de un convenio regulador. Este tipo de procedimiento es más ágil, menos costoso y evita enfrentamientos judiciales prolongados.
2. Divorcio contencioso
Se tramita cuando uno solo de los cónyuges solicita el divorcio sin el consentimiento del otro. En este caso, se inicia un procedimiento judicial en el que el demandado puede oponerse a las medidas propuestas (custodia, pensiones, uso de la vivienda, etc.), pero no a la solicitud de divorcio en sí.
Requisitos para presentar una demanda de divorcio
Conforme al artículo 81 del Código Civil, los requisitos para presentar una demanda de divorcio, incluso sin acuerdo del otro cónyuge, son los siguientes:
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Haber transcurrido al menos tres meses desde la celebración del matrimonio.
Excepción: no se exige este plazo si se acredita que existe riesgo para la vida, integridad física o moral, libertad o indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos.
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Acompañar una propuesta de convenio regulador, que incluya, entre otros aspectos:
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El cuidado y régimen de convivencia con los hijos.
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El régimen de visitas con los abuelos, si se estima oportuno.
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El destino de los animales de compañía.
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La atribución del uso de la vivienda familiar.
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La contribución a las cargas del matrimonio y pensiones alimenticias.
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La liquidación del régimen económico del matrimonio.
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La posible pensión compensatoria entre cónyuges.
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En los procedimientos contenciosos, si no se alcanza acuerdo sobre estas cuestiones, será el juez quien resuelva sobre todas ellas.
¿Qué puede hacer el cónyuge demandado?
El cónyuge que recibe la demanda de divorcio no puede evitar que se dicte sentencia de disolución del matrimonio. Sin embargo, puede:
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Formular oposición a las medidas propuestas por el demandante.
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Proponer medidas alternativas ante el juzgado.
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Aportar pruebas para fundamentar su postura respecto a la custodia, la pensión u otras cuestiones relevantes.
Por tanto, aunque el divorcio en sí no puede evitarse, sí existe un margen legal para intervenir activamente en la configuración de sus efectos personales y patrimoniales.
Negarse a firmar un divorcio no impide que el proceso judicial continúe ni que el matrimonio se disuelva. En España, el divorcio puede solicitarlo uno solo de los cónyuges y no requiere el consentimiento del otro. En caso de desacuerdo, el proceso se tramita como divorcio contencioso, y será un juez quien determine las medidas aplicables.
Contar con asesoramiento legal desde el inicio es fundamental para defender los intereses personales, familiares y patrimoniales en este tipo de procedimientos.
